El marco regulatorio de la interoperabilidad de los Sistemas de Pagos de Bajo Valor Inmediatos (SPBVI) se encuentra contenido en la Resolución Externa 6 de 2023 de la Junta Directiva del Banco de la República que se desarrolló en virtud del artículo 104 de la Ley 2294 de 2023 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) y la Circular Reglamentaria Externa DSP-465 ) del Banco de la República, en las que se establecen las reglas y estándares que deben cumplir las entidades administradoras de los SPBVI que procesan órdenes de pago y/o transferencias de fondos inmediatas.
Preguntas frecuentes
Usted debe utilizar los canales de atención dispuestos por su entidad financiera participante para radicar una petición, queja o reclamo asociado a un pago o transferencia inmediata a través de Bre-B.
Las entidades financieras participantes que ofrecen el servicio de pagos inmediatos son las responsables de procesar estas operaciones. Asimismo, son ellas quienes deben informar a sus clientes sobre el estado y los detalles de las transacciones que realicen.
Cada entidad financiera define las tarifas aplicables a sus clientes para los pagos o transferencias inmediatas.
Con Bre-B puede hacer desde pagos cotidianos de bajo monto hasta transferencias por $12.110.000 pesos o 1.000 Unidades de Valor Básico (UVB) del año en curso. Recuerde que su entidad financiera puede establecer límites en cuanto al valor o al número de transacciones que puede realizar.
No, con Bre-B no deben aceptarse las transferencias. Una vez se procesa la operación, el dinero ingresará automáticamente a la cuenta o depósito vinculado a la Llave.
Luego de digitar la Llave del usuario receptor, el monto de la transacción y confirmar el envío, le saldrá un aviso donde podrá verificar el nombre enmascarado de la persona receptora del pago o transferencia inmediata (ejemplo: AnXXXa PXXez). Una vez esté seguro de que ese es el usuario receptor, deberá “Confirmar” la transacción. Por tal motivo, deberá ser cuidadoso al incluir la información de la Llave y verificar el usuario receptor antes de confirmar el envío del dinero.
La Constitución eliminó el rol del Banco como banco de desarrollo y reforzó su función como autoridad monetaria, estableciendo que no puede otorgar cupos de crédito ni garantías a particulares; solo puede financiar al Estado con la aprobación unánime de la Junta Directiva y su misión principal es mantener la capacidad adquisitiva de la moneda.
Gracias a esto, la labor de banca de desarrollo se trasladó al ejecutivo, con lo cual se hizo más transparente el esquema y los fondos de fomento pasaron a entidades como Finagro, Banco Agrario y Bancóldex, y el Banco pudo concentrarse en controlar la inflación mediante el esquema de inflación objetivo.
A partir de 1978, la Junta Monetaria creó inversiones forzosas que obligaban al sistema financiero a destinar parte de los recursos captados (como los CDT) al financiamiento de los fondos. Aunque esto redujo el impacto inflacionario, produjo distorsiones: redujo la rentabilidad para los ahorradores, aumentó las tasas de interés de los créditos ordinarios, elevó los costos para los usuarios del crédito. Persistían, además, los problemas de transparencia y eficiencia en la asignación de recursos públicos.
Los fondos crecieron de manera acelerada y, ante la alta demanda de créditos subsidiados, fue necesario cubrir los faltantes con emisión monetaria del Banco. Esto generó fuertes presiones inflacionarias, especialmente en los años sesenta y setenta, cuando la inflación llegó a niveles superiores al 20 % anual y se mantuvo elevada por casi dos décadas. Además, el esquema comprometía la transparencia en el uso de los recursos públicos y permitía que un monto apreciable de estos se utilizara en subsidios difícilmente justificables por sus características de riesgo y retorno social.
Este rol comenzó a formalizarse con el Decreto 756 de 1951, que otorgó al Banco la facultad de fijar cupos especiales para otorgar créditos de fomento a diferentes sectores. Luego, en 1963, la Junta Monetaria asumió la responsabilidad de definir los fondos de redescuento, sus recursos, los sectores beneficiados y las condiciones financieras de los préstamos.
Porque en esa época predominaba la idea de que el Estado debía intervenir activamente para impulsar el desarrollo económico. Bajo esta visión y sin conocer aún los costos y riesgos de esa estrategia, se esperaba que los bancos centrales dirigieran recursos de ahorro a sectores estratégicos mediante créditos con condiciones preferenciales, con el fin de acelerar el crecimiento de los países.
Al 31 de diciembre de 2025, las reservas internacionales netas ascendieron a 66,3 miles de millones de dólares. El Banco de la República transferirá al Gobierno Nacional en marzo utilidades por aproximadamente 13,9 billones de pesos, generadas durante sus operaciones en 2025.
Las reservas internacionales cumplen un papel fundamental en la economía y su principal función es proteger al país cuando hay dificultades para tener acceso a divisas necesarias para hacer los pagos de Colombia al exterior. Funcionan como un respaldo, permitiendo que Colombia pueda pagar sus obligaciones (por ejemplo, importaciones o deudas en moneda extranjera) y generan confianza en los mercados internacionales, facilitando el acceso a créditos y a inversión externa.
Las utilidades son producto de los rendimientos de las reservas internacionales, entre otras fuentes que incluyen los rendimientos sobre los títulos públicos en poder del Banco y los intereses que el Banco les cobra a los intermediarios financieros por operaciones de suministro de liquidez. La administración de las reservas internacionales consiste en invertirlas siguiendo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad. La mayor parte de las reservas se invierte en activos financieros muy seguros y fáciles de vender, como bonos de gobiernos y entidades vinculadas a los gobiernos con alta solidez económica.
Las reservas internacionales son ahorros que tiene el país en monedas extranjeras fuertes llamadas divisas (dólares de Estados Unidos, euros y otras), los cuales son administrados por el Banco de la República.
Depende. Cuando los aumentos de la inflación se deben a un exceso de demanda de los hogares y las firmas, no habría conflicto. El cierre de las brechas del producto y de la inflación con respecto a la meta requiere un aumento de las tasas de interés del banco central para enfriar la economía. En este caso, se dice que la política monetaria opera de forma contracíclica. En contraste, cuando la inflación aumenta por choques de oferta, por ejemplo, incrementos fuertes en los precios de los alimentos por factores climáticos (sequías) o en los costos de producción (aumentos grandes de la tasa de cambio o de los salarios), el banco central debe aumentar sus tasas de interés para llevar la inflación a la meta, incluso si no existe un exceso de demanda en la economía. En este caso, la política monetaria podría no ser contracíclica.
Partiendo de un nivel de inflación que está cerca de la meta, si se anticipa que habrá excesos de demanda con respecto a la que puede satisfacerse con el producto potencial y que ello generará presiones alcistas sobre los precios, el Banco de la República actúa con anticipación, aumentando la tasa de interés para evitar un recalentamiento de la economía, evitar la mayor parte de las presiones inflacionarias y estabilizar el crecimiento del PIB de manera acorde con su nivel potencial. Por el contrario, si se anticipa una contracción de la demanda y el nivel de producto se sitúa por debajo de su potencial, el Banco reduce anticipadamente la tasa de interés.
El Banco de la República empezó a anunciar metas de inflación a partir de la Ley 31 de 1992. Durante los primeros años, aunque las metas no se cumplieron, sí se logró que la inflación entrara en una tendencia decreciente. Desde 1999, las metas empezaron a cumplirse con mayor regularidad y, a pesar de los choques inflacionarios del período 2000-2020, la inflación siempre retornó a la meta. En el contexto de los choques inflacionarios recientes, la Junta Directiva del Banco de la República continúa comprometida con llevar la inflación a la meta. Todo lo anterior demuestra la efectividad del esquema de inflación objetivo y el papel de ancla que cumple la meta.
La meta es el objetivo cuantitativo que fija el Banco de la República sobre la inflación para cumplir el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo del dinero mediante una inflación baja y estable. Cuando la meta es creíble, se convierte en un ancla de la inflación, alrededor de la cual girarán las expectativas de inflación. Esto implica que los ajustes de precios que los agentes económicos introduzcan siguiendo sus expectativas de inflación estarán en línea con la meta, lo que contribuirá a que esta se cumpla.
