Notas sobre la Economía Política del Caribe Colombiano

Resumen no técnico

¿Por qué persiste el rezago de las regiones periféricas del país en términos de desarrollo económico? De acuerdo con estudios recientes, una de las principales causas tiene que ver con la baja calidad de sus instituciones. Más allá de las condiciones geográficas, hay cada vez más evidencia de que son sobre todo las instituciones heredadas de la Colonia y los primeros años republicanos las que explican el desigual desempeño económico y social que se observa hoy.

El ‘Documento de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana’ (DTSERU): ‘Economía política del Caribe colombiano’, de los investigadores Leonardo Bonilla Mejía e Iván Higuera Mendieta, estudia el caso de la región Caribe. Los autores destacan tres aspectos de la economía política de la región que han marcado su rumbo. En primer lugar, las transformaciones en la economía regional, acompañadas de la apertura política y la descentralización fiscal y administrativa. Si bien los recursos para financiar inversiones han aumentado, la evidencia muestra que estos cambios no siempre han permitido abrir el espectro político o mejorar sustancialmente la provisión de servicios públicos. En cambio, en algunas regiones han salido fortalecidas las élites tradicionales que han sabido adaptarse y poner en marcha nuevas formas de clientelismo.

Al tener instituciones débiles, las élites locales son las primeras beneficiadas en la medida en que éstas les permiten mantenerse en el poder. “Esto se ha logrado a través de la combinación de distintas formas de fraude electoral, violencia y clientelismo”. Este control hegemónico del poder político ha permitido a su vez la extracción de rentas, reflejada, entre otros, en la concentración de la propiedad de la tierra, los bajos niveles de tributación y la larga lista de escándalos de corrupción.

En segundo lugar, los gobiernos nacionales no son ajenos a este fenómeno. Los intercambios de recursos de inversión y puestos por apoyo legislativo y electoral han favorecido a las élites locales y nacionales, sin necesariamente traducirse en mejoras sustanciales en la calidad de vida en las regiones. “No en vano una parte importante de los escándalos de corrupción resultantes han involucrado a la clase política de la región. Esta relación explica cómo es posible que coexista una democracia relativamente funcional a nivel nacional con regímenes autoritarios en las regiones”.

Tercero, la relación entre la política y la violencia persiste. En particular, los grupos paramilitares formando estrechos vínculos con la clase política local, restringiendo la competencia política y desencadenando un ciclo de violencia. Además de presentar algunos de los indicadores más bajos en educación, nutrición, salud y saneamiento, la región Caribe fue una de las que registró más casos de masacres y asesinatos selectivos, desplazamiento forzoso y concentración de la tierra durante las últimas décadas.

A pesar de lo anterior, los autores del Documento señalan que “la percepción de corrupción es relativamente baja y, en comparación con otras regiones, hay mayor tolerancia frente a algunas de estas prácticas. Esto podría estar reflejando un mayor grado de naturalización del fenómeno”.

El camino a seguir

La modernización del sistema político y de las instituciones locales son sin duda una de las prioridades de la región, pues de esto depende el uso eficiente de los recursos públicos y la capacidad de generar aumentos importantes en la productividad y la calidad de vida.

Esto implica hacer cambios importantes en por lo menos cuatro frentes. Primero, establecer un sistema sólido de derechos de propiedad: se necesita un sistema catastral rural moderno que dinamice el mercado de tierras. Esto debe ir de la mano de los procesos de restitución de víctimas.

Segundo, se necesita mayor control sobre la calidad del gasto. Esto implica un rol más activo de la sociedad civil y la prensa en la fiscalización de los recursos. El aumento en el recaudo de impuestos locales podría generar efectos positivos, pues hay mayor control social cuando los recursos provienen de la misma comunidad.

En tercer lugar, es indispensable hacer que las negociaciones entre los gobiernos nacionales y representantes de las regiones sean transparentes y guiadas por criterios netamente técnicos. Esto genera condiciones para que la distribución de los recursos de la nación sea más eficiente y atienda las verdaderas prioridades de la región.

Finalmente, es necesario seguir promoviendo cambios en la cultura política que lleven a desnaturalizar las prácticas clientelistas y corruptas. La cátedra de historia, los programas de formación ciudadana y gobierno escolar, y las políticas de cultura ciudadana son esfuerzos en la dirección correcta.

Resumen

El persistente rezago del Caribe Colombiano en términos de desarrollo económico se debe en parte a la baja calidad de sus instituciones. Este trabajo hace una revisión de los estudios recientes sobre la economía política de la región y resalta algunos de los factores más relevantes. Entre estos se destacan los efectos de las transformaciones en la estructura económica regional, las reformas políticas y administrativas nacionales, la interdependencia entre la política regional y nacional, y el uso sistemático de la violencia. Las medidas disponibles tienden a reflejar el mal estado de las instituciones, siendo la región una de las peores calificadas en términos de desempeño fiscal, gobierno abierto y delitos electorales. A pesar de esto, la percepción de corrupción es relativamente baja y, en comparación con otras regiones, hay mayor tolerancia frente a algunas de estas prácticas. Esto podría estar reflejando un mayor grado de naturalización del fenómeno.

Abstract

The Caribean region is persistently lagged behind in terms of economic development and this is partly due to the poor quality of institutions. This paper reviews recent literature regarding the political economy of the region, and highlights some of the most relevant factors, including regional economic shifts, national political and administrative reforms, the interdependence between regional and national politics, and the systematic use of violence. Available measures tend to confirm that local institutions are ranked among the worst in the nation, with particularly low scores in fiscal capacity, transparency, and electoral crimes. In spite of this, perceived corruption remains relatively low and some of these practices are more tolerated than in the rest of the country. This may reflect a greater degree of internalization of corrupt behavior.