Evolución de las transferencias monetarias en Colombia

RESUMEN NO TÉCNICO

Enfoque

Los programas de protección social se han convertido en un elemento clave de la política social en Colombia. Las lecciones de dos décadas de programas de transferencias monetarias en el país sugieren que a pesar de su éxito como mecanismo de apoyo y suavización del consumo de los hogares más pobres y de incentivo para generar cambios en comportamiento que permitan la acumulación de capital humano en niños y jóvenes, es relevante hacer una revisión del estado actual del conjunto de programas, teniendo en cuenta su rápido crecimiento desde 2020.

Contribución

Este estudio revisa los cinco principales programas de transferencias monetarias en Colombia (Familias en Acción (FeA), Jóvenes en Acción (JeA), Colombia Mayor (CM), Ingreso Solidario (IS) y Devolución de IVA (DevIVA)), y resume su historia, focalización, cobertura, operatividad y los compromisos fiscales derivados de su implementación. Asimismo, hace una revisión de las evaluaciones de impacto de estos programas y sus resultados en múltiples indicadores sociales. Este trabajo es un primer intento de consolidar la información existente sobre el tema en Colombia, que permite entender de manera comprehensiva el alcance y retos de estos programas, así como identificar posibles áreas de investigación y mejoras.

Este documento plantea la discusión sobre la conveniencia de unificar los programas de transferencias sociales bajo una única plataforma con criterios claros de focalización y condicionalidad, según el ciclo de vida y condiciones socioeconómicas de los hogares.

Resultados

Este trabajo encuentra que, en 2022, 5,8 millones de familias y hogares (FeA e IS) y 2,2 millones de personas (JeA y CM) participaron en alguno de los programas de transferencias existentes del gobierno nacional, y recibieron de manera periódica un pago que, dependiendo de las condiciones del programa y la familia u hogares, varió entre $15.000 y $200.000 mensuales per cápita. En 2021, Colombia alcanzó a cubrir con al menos un tipo de beneficio monetario a aproximadamente el 72% de la población en condición de pobreza, lo que en la práctica equivale a una renta básica focalizada para estos hogares beneficiarios. Pese a estos avances, este documento plantea la discusión sobre la conveniencia de unificar los programas de transferencias sociales bajo una única plataforma con criterios claros de focalización y condicionalidad, según el ciclo de vida y condiciones socioeconómicas de los hogares.