Apartes de la intervención del Dr. Carlos Caballero Argáez, Codirector del Banco de la República
Apartes de la intervención del Dr. Carlos Caballero Argáez, Codirector del Banco de la República, en el Seminario "Situación y Perspectivas Económicas 2000-2001", organizado por ANIF, FEDESARROLLO y la Cámara de Comercio de Cali
La contracción de la economía colombiana en 1999 fue producto de un período largo (1992-1998) durante el cual el país gastó más de lo que sus ingresos le permitían. Ese exceso de gasto se financió con recursos del endeudamiento externo y el interno. Ambos, sector público y sector privado, redujeron sus niveles de ahorro y elevaron su endeudamiento.
Las circunstancias internacionales, que habían dado lugar a un abundante flujo de capitales hacia los países emergentes en la primera década de los noventa, cambiaron abruptamente en la segunda mitad de la década. Primero fue la crisis de México, en 1994, después la de Asia a finales de 1997 y principios de 1998, después de la Rusia en agosto de 1998, después la de Brasil en 1999 y más recientemente la que ha afectado a Turquía y Argentina.
El mercado internacional de capitales se cerró para Colombia y para otros países emergentes desde el segundo semestre de 1998. La imposibilidad de continuar accediendo al mercado internacional, el deterioro de los términos de intercambio y la salida de capitales, forzó a la economía a ajustar el gasto de manera automática y abrupta con posterioridad al primer trimestre de 1998, cuando la cuenta corriente de la balanza de pagos, que venía arrojando déficit desde 1993, llegó a su desequilibrio máximo, cercano a ocho puntos del PIB.
La contracción de 1998-1999, no puede considerarse como parte de un ciclo económico "normal" en el cual la expansión inicial de la demanda genera presiones inflacionarias y, como consecuencia de éstas, la autoridad monetaria se ve en la necesidad (y la obligación) de restringir la oferta monetaria, elevar las tasas de interés y reprimir la demanda agregada de la economía.
La crisis colombiana de los últimos tres años ha sido similar a las que se han presentado en otros países al reventarse las "burbujas" de los precios de la finca raíz y, en general de los activos, producto de una expansión prolongada del gasto, financiado con un endeudamiento creciente.
La caída de la demanda no puede atribuirse exclusivamente al manejo de la política monetaria y cambiaria, sino a que los desequilibrios a nivel del gobierno, las empresas y los hogares no eran sostenibles y tarde o temprano -casi independientemente de la política monetaria que se siguiera-, producirían una crisis.
La política económica enfrentó en 1999 decisiones muy complejas. Era necesario reconocer que el período prolongado de expansión había llegado a su final, y proceder a un ajuste del gasto en la economía que afectara lo menos posible al sector privado. Para lograr este objetivo, era indispensable que el sector público se equilibrara en forma rápida y evitar un desbordamiento de la inflación y la pérdida de confianza en la moneda. Como esto no sucedió a la velocidad deseada, el peso del ajuste recayó en el sector privado y en la política monetaria lo cual, a su vez, condujo a la devaluación, a la elevación de las tasas de interés y a la pérdida de reservas internacionales del Banco de la República.
Visto en retrospectiva, resulta evidente que una estrategia de manejo diferente también hubiera desembocado en una crisis y que las autoridades juzgaron que el camino escogido tendría menores consecuencias económicas y sociales en el mediano plazo, por considerar que las menores expectativas de inflación y de devaluación tendrían un impacto positivo sobre la prima de riesgo soberano y sobre las tasas de interés como, en efecto, ocurrió.
Gobernar, sin embargo, es seleccionar el menor de los males, que fue lo que se hizo. Lo cual no quiere decir que el país no fuera a atravesar un período de crisis económica tan desconocido, tan duro y tan prolongado como el que se ha vivido en Colombia. Con todo, la economía no cayó en una "hiperinflación", ni la moneda en una condición de desvalorización irreversible como si sucedió, por ejemplo, en Ecuador. Aunque se ha pagado un altísimo costo social y económico por los excesos de los años anteriores.
A partir del segundo semestre de 1999 la economía comenzó un proceso de recuperación que condujo a crecimientos positivos del PIB a lo largo del año 2000. Con la menor inflación, las tasas de interés cayeron y la confianza del público en la economía aumentó. El sector privado inició un proceso de auto corrección desde la segunda mitad de 1998 que, si bien dio lugar a la contracción de 1999, también condujo a la recuperación en el año 2000. La devaluación real, las menores tasas de interés y la mayor confianza propiciaron un aumento del consumo de los hogares, de la inversión privada y de las exportaciones. El ajuste del sector público es lo que ha facilitado la recuperación de la actividad productiva, en vez de una expansión sin límite del gasto público. En la medida en la cual el gasto público se ha controlado, se ha abierto espacio al sector privado para su recuperación.
La política monetaria está en capacidad de contribuir parcialmente a la recuperación de la actividad productiva mediante la reducción de las tasas de intervención del Banco de la República en el mercado de dinero, como lo ha hecho en las últimas semanas. Los menores intereses en este mercado deberán reflejarse, como en efecto ya lo han hecho, en la tasa de referencia de captación a tres meses de las entidades financieras y, por consiguiente, en el costo de los créditos vinculados con el DTF. De la misma manera en que la menor inflación reduce el costo de los créditos atados al IPC o a la UVR. Ambos efectos alivian a los deudores sean estos corporativos o personas naturales. Pero la recuperación definitiva solo se alcanzará en la medida en la cual aumente de manera significativa la inversión, se eleve el ahorro interno y se cuente con flujos de capital positivos hacia Colombia originados en la repatriación de los capitales de los colombianos y en la inversión extranjera. Lo cual implica, en último término, mejorar la confianza y la esperanza de las gentes en el país.
Es bien sabido que la política monetaria tiene como objetivo, en razón del mandato constitucional al Banco de la República, el logro de metas decrecientes de inflación. Menos sabido es que la Junta del Banco busca simultáneamente la recuperación de la demanda agregada y el crecimiento económico. La estrategia de la Junta combina elementos del esquema de inflación objetivo con valores de referencia para los agregados monetarios. En su aplicación la Junta evalúa mensualmente su postura de política monetaria con base en el análisis de las presiones inflacionarias, los pronósticos de inflación y el comportamiento de otras variables macroeconómicas, entre las cuales se presta especial atención a la base monetaria.
La política monetaria no ha sido obstáculo para el logro de ritmos más elevados de crecimiento económico. Es más, aunque la proyección de crecimiento para el 2001 se revisó hacia abajo a mediados del año, el Banco de la República no modificó la línea de referencia de la base monetaria. No es correcto afirmar, entonces, que una mayor emisión monetaria daría lugar a un más alto ritmo de crecimiento económico. La política monetaria ha sido anticíclica, en una coyuntura en la cual el sector público forzosamente tiene que ajustarse para corregir los desequilibrios que se acumularon en la segunda mitad de los años noventa y que originaron la contracción de 1999. Y en la cual el sector público no puede actuar en contra del ciclo en razón de su desajuste, no corregido todavía, que impide ampliar el gasto o reducir los impuestos. Pero la política monetaria ni puede hacerlo todo, ni contribuye de manera directa a aumentar la capacidad de oferta de la economía; su aporte es apoyar el crecimiento económico de largo plazo al lograr estabilidad de los precios y mantenerla.
El compromiso entre inflación y crecimiento no es válido en una circunstancia como la que atraviesa la economía colombiana en la actualidad. Un ejercicio académico realizado por los técnicos del Banco de la República señala que una meta de inflación mayor en un punto a la programada para el año próximo tendría un impacto despreciable en el incremento del ritmo de crecimiento de la economía en el 2002. Modificar la meta, en cambio, generaría expectativas de inflación, tendría un impacto negativo sobre la trayectoria de las tasas de interés y, por consiguiente, sobre el costo de la deuda pública y privada y, finalmente, enviaría una mala señal para las negociaciones saláriales lo cual, además, no sería conducente para la mejora de la situación del empleo.
Tampoco es correcto argumentar que con más emisión se obtendrían ritmos más altos de crecimiento económico, así ello implicara sacrificar puntos en la baja de la inflación. Las mayores expectativas de inflación y de devaluación del peso terminarían dando al traste con cualquier intento de recuperación permanente de la capacidad de crecimiento de la economía por la vía de altísimas tasas de interés y desconfianza de los agentes económicos en la moneda y en el país.
En estas circunstancias, entonces, el papel de la política monetaria es muy claro: mantener baja y estable la inflación y apoyar, de esta manera, el ahorro, la inversión y el crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo.
Cali.
