Estrategia para cerrar la brecha fiscal
A continuación se presentan los principales aspectos de la intervención del Gerente General del Banco de la República, Miguel Urrutia Montoya, en el Seminario de ANIF y Fedesarrollo el día 27 de octubre de 2000.
En términos internacionales, la carga tributaria en Colombia es baja. En aquellos países en los que se garantiza la educación y la salud a la población, la carga fiscal es superior al 25% del PIB, mientras que en Colombia ésta asciende a 17.7% del PIB.
Las encuestas muestran que los colombianos esperan que el Estado les garantice y dé solución a sus problemas de salud, empleo y educación. Estas aspiraciones adquirieron un piso legal mediante la promulgación de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, establecidos por la Constitución de 1991; sin embargo, es poco probable que el Estado pueda cumplir con su función social con una carga tributaria tan baja como la actual en Colombia.
La Corte Constitucional, por su parte, ha creado acceso a los derechos establecidos por la Constitución, sin contemplar las limitantes presupuestales del Estado en sus sentencias sobre el ejercicio de ciertos derechos fundamentales.
Por esta razón, es prioritario aumentar la eficiencia del gasto público, para poder ofrecer más servicios sociales con el nivel actual de recursos. Un ejemplo de ello es el sector educativo, en el que se hace indispensable la adopción de un sistema de financiación por estudiante atendido, con el objeto de transferir más recursos a los agentes públicos locales que demuestren una mayor capacidad para atender las demandas educativas de sus respectivas regiones.
Es posible reducir el gasto público a través de la eficiencia y la prueba de ello es lo que ha pasado en el Banco de la República: en 1990 el Banco tenía 5.902 empleados y para el final del año 2000 se proyecta un nómina de 2.880 empleados, esto es una reducción del 51%.
Esta reducción en la nómina del Banco, aunada a una estricta política de austeridad en sus gastos corporativos, ha permitido que los gastos durante el primer semestre de 2000 disminuyan, en términos reales, en un 4.4% frente al mismo período de 1999. En consecuencia, se ha hecho posible la repartición de cuantiosas utilidades al gobierno nacional, las cuales han facilitado incrementos en el gasto social.
Adicionalmente, se hace necesario aumentar la cuantía de los recursos tributarios como proporción del PIB para cubrir un nivel razonable de los derechos económicos y sociales estipulados en la Carta de 1991. Una buena parte de estos recursos deberían venir de tributos a nivel local, con el fin de cubrir servicios prestados a dicho nivel.
Las cifras muestran que en los países con alta carga fiscal existe una tributación significativa a nivel local. En efecto, la carga tributaria regional y local en Colombia es de 3.1% del PIB, mientras que en Estados Unidos es de 8.8% del PIB y en el caso de Alemania ésta se sitúa en 11% del PIB.
Es claro que la población acepta pagar impuestos si ve en qué se gastan y esto se vislumbra más claramente a nivel local. La existencia de impuestos y gastos locales también genera responsabilidad fiscal, ya que financiar gastos con recursos de un ente lejano, sin que su ejecución implique ningún sacrificio tributario, conduce inevitablemente a conductas irresponsables en materia fiscal.
Bogotá, octubre 27, 2000
