Política crediticia


1. La Ley 31 de 1992 constituye el marco general de referencia para el ejercicio de las funciones atribuidas al Banco de la República como Banco Central y a la Junta Directiva (JDBR) como autoridad crediticia. 


La Corte Constitucional1 se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la competencia establecida por la Constitución Política y la ley en materia de regulación crediticia reconociendo de manera constante la condición de autoridad reguladora del crédito de la JDBR, así como la autonomía de que goza para el ejercicio de sus funciones. Estas funciones  deben ser ejercidas conforme a la ley que dicte el Congreso, el cual no podrá desconocer o menoscabar su autonomía.  


2. Dentro del marco de instrumentos asignados por el legislador, la JDBR puede tomar medidas de carácter macroprudencial cuya implementación es excepcional y temporal cuando se evidencian fallas de mercado y  riesgos financieros, como la sobrevaloración del precio de los activos, a efectos de  preservar el funcionamiento adecuado del sistema de pagos, así como apoyar la estabilidad financiera.


En este orden, se encuentra la intervención administrativa a las tasas de interés, facultad que comprende el señalamiento de límites máximos a los intereses remuneratorios de las operaciones activas y pasivas de los establecimientos de crédito, sin que estos límites puedan inducir tasas reales negativas. La Junta ha ejercido esta potestad en pocas ocasiones y por periodos muy limitados exclusivamente sobre las operaciones activas2


Adicionalmente, la JDBR  puede establecer controles  al crecimiento de las operaciones de crédito y, en general, de las operaciones activas de los establecimientos de crédito3


3. Otro instrumento con el que cuenta la JDBR es el establecimiento de  encajes a las entidades financieras que reciben depósitos y captaciones del público. Esta medida tiene como objetivo el mantenimiento de una reserva de liquidez que permita a los intermediarios solventar problemas transitorios de esta naturaleza.  Considerando el papel de las entidades financieras en la transformación de plazos (pasivos de corto plazo hacia activos de más largo plazo), una salida inesperada de recursos puede traducirse no sólo en dificultades de flujo de caja sino  en una reducción en el valor de sus activos. En estos casos el encaje sirve como mitigador de dichos riesgos. 


Adicionalmente, este instrumento puede ser una herramienta complementaria de política monetaria, hecho que en Colombia ha sido excepcional a través de la imposición de encajes marginales. Con ellos se busca controlar excesos monetarios y crediticios, así como reforzar los canales de transmisión de cambios en la tasa de interés de intervención.


4. De otra parte, entre otras funciones crediticias, la JDBR está facultada para señalar las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas para adquirir o colocar títulos con el fin de que estas operaciones se efectúen en condiciones de mercado.  Adicionalmente, la ley le ha asignado facultades relacionadas con el financiamiento del sector agropecuario. A este efecto, está autorizada para fijar el monto de las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) que deben suscribir las entidades financieras, señalar las características de tales títulos  (plazos y tasas de interés), así como  determinar las colocaciones sustitutivas de las inversiones obligatorias. Así mismo, la JDBR está facultada para señalar límites de carácter general a las tasas de interés de la cartera agropecuaria.   


5. Desde al año 2000, dentro del marco del nuevo sistema de financiación de vivienda creado por la Ley 546 de 1999 y dando estricto cumplimiento a los criterios y procedimientos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 de 2000,  la JDBR establece el valor en pesos de la UVR con base en la inflación y los límites a las tasas máximas de interés remuneratorio de los créditos destinados a la financiación de vivienda en UVR y en pesos. 


6. Para la toma de decisiones como autoridad monetaria y crediticia, en general  el BR hace un seguimiento al sistema financiero en su conjunto y a los mercados financieros  (deuda, divisas, mercado monetario, capitales ente otros) con el propósito de identificar cuando se presentan situaciones que pueden comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera, así como el cumplimiento de las metas de inflación. Este análisis macroprudencial que se efectúa permite identificar las tendencias y los riesgos del sistema  a fin de que la JDBR pueda adoptar las medidas  de manera oportuna para el logro de sus objetivos de política.


 Documento "Proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia"


1/ Sobre el tema se pueden mencionar, entre otras, las sentencias C-021 de 1999, C-489 de 1994, C-256 de 1997,  C-383 de 1999,  C-481 de 1999, C-208 de 2000 y C-827 de 2001.     

2/ Años 1992 y 1995.

3/ Este control se ha implementado una vez en marzo de 1994, momento en que e  impuso un límite al  crecimiento en el monto total de las operaciones activas, incluyendo cartera, aceptaciones y avales.  Esta medida fue derogada a partir de agosto de 1994.

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